Moción por una Ley reguladora del derecho a la vivienda (@LA_PAH )

En el Pleno del pasado 25 de noviembre se aprobó la moción que presentamos de apoyo a la propuesta de la PAH por una ley reguladora del derecho a la vivienda.

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Moción de apoyo para exigir una nueva ley reguladora del derecho a la vivienda que cubra las medidas de mínimos para hacer frente a la emergencia habitacional.

Exposición de motivos:

La actual crisis económica y el aumento del paro han impactado de manera dramática en la vida de miles de personas, que a causa de las dificultades económicas sobrevenidas no pueden cubrir sus necesidades más básicas. Esta situación ha llevado a que muchas familias no puedan hacer frente a las cuotas hipotecarias o de alquiler de su vivienda habitual. Esto se ha traducido en miles de desahucios en todo el estado español y en que centenares de personas han visto vulnerado su derecho a una vivienda digna, teniendo que afrontar situaciones de grave vulnerabilidad, precariedad extrema, pobreza y exclusión social, económica y residencial.

Desde 2007 hasta el primer trimestre del 2015 se han producido en el Estado Español 624.690 ejecuciones hipotecarias. A estas alarmantes cifras se han de sumar el aumento de las dificultades para afrontar el pago del alquiler, que cada vez afecta a más personas. Estamos ante una situación de emergencia y vulnerabilidad habitacional que se incrementa por la existencia de un mercado de alquiler escaso, caro y preocupantemente especulativo y por la falta de un parque público de vivienda social. También resulta alarmante el creciente número de personas afectadas por la pobreza energética, entendida como la dificultad para poder pagar las facturas de los suministros básicos de electricidad, agua y luz, lo que contrasta de forma abrumadora con los ingentes beneficios obtenidos por las entidades financieras y las empresas suministradoras.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 25) y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 11) reconocen “el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia”. El art. 47 de la Constitución proclama del derecho a una vivienda digna y adecuada así como el deber de los poderes públicos de promover las condiciones necesarias y las normas pertinentes para ello y el art. 33 declara la función social de la vivienda.

Como ha dictaminado reiteradamente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (caso Aziz, caso Sanchez Morcillo, caso Monika Kusionova), la regulación del procedimiento de ejecución hipotecaria en la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil infringe la normativa comunitaria, adoleciendo de un vicio de nulidad radical.

Con ocasión de las próximas elecciones generales, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca ha hecho pública una serie de medidas de mínimos que considera necesario incluir en una futura Ley reguladora del Derecho a la Vivienda.

Por todo ello, proponemos al Pleno del Ayuntamiento de San Ildefonso que apruebe la presente moción, mediante la cual:

El Pleno del Ayuntamiento de San Ildefonso da apoyo a las propuestas presentadas por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y considera necesario incluir las siguientes medidas en una Ley Reguladora del Derecho a la Vivienda:

  1. Medidas de segunda oportunidad:
  • Dación en pago retroactiva y condonación de la deuda.
  • Eliminación automática por parte de las entidades bancarias de las cláusulas declaradas abusivas por el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea.
  • Consideración de la vivienda habitual como un bien inembargable.
  • Eliminación de todos los requisitos restrictivos para acceder a la moratoria de desahucios y al código guindos, salvo vivienda habitual, deudor/a de buena fe y carencia de recursos

 

  1. Alquiler digno: regulación del alquiler en favor de la parte más débil de los contratos, los inquilinos, introduciendo mecanismos de seguridad en la tenencia, estabilidad en la renta y alargando el plazo mínimo de duración del alquiler, como mínimo hasta los 5 años. Cuando el arrendatario pertenezca a un colectivo especialmente vulnerable se producirá una prórroga automática del contrato, que será obligada cuando el arrendador sea un banco o gran propietario de viviendas.

 

  1. Vivienda garantizada
  • Las entidades bancarias garantizarán un alquiler social para las personas deudoras de buena fe y sus unidades familiares, que habiendo cedido su vivienda única y habitual en dación en pago no dispongan de alternativa habitacional.
  • Los grandes tenedores de vivienda, en especial las entidades financieras y filiales inmobiliarias, fondos buitre, entidades de gestión de activos (incluidos los procedentes de la reestructuración bancarias y entidades inmobiliarias), garantizarán un alquiler social para las personas y unidades familiares en situación de vulnerabilidad que no puedan hacer frente al pago de su vivienda y no dispongan de alternativa habitacional.
  • Las personas y unidades familiares en situación de vulnerabilidad que no puedan hacer frente al pago del alquiler de viviendas obtendrán ayudas que les garanticen evitar el desahucio.
  • En ningún caso se podrá realizar el desalojo o desahucio de personas en situación de vulnerabilidad, ya sea por impago de alquiler u ocupación en precario motivada por la falta de vivienda, sin que la administración competente garantice un realojo adecuado.
  • En el caso que se lleve a cabo el alquiler social en una vivienda diferente a la que reside la familia o persona en situación de vulnerabilidad, este realojo se producirá en la zona donde éstas tengan sus redes vitales y sociales.
  • Creación de un parque público de vivienda a través de la movilización de pisos vacíos en manos de entidades financieras y filiales inmobiliarias, fondos buitre, entidades de gestión de activos (incluidos los procedentes de la reestructuración bancarias y entidades inmobiliarias). La administración regulará mediante ley los mecanismos que posibiliten esta movilización.
  • En todas estas medidas el precio a pagar en concepto de alquiler social no superará el 30% de los ingresos de la unidad familiar, incluidos gastos de suministros, de acuerdo con los estándares de Naciones Unidas, siempre y cuando los ingresos familiares superen el salario mínimo profesional 648,60€; en caso contrario el precio a pagar en concepto de alquiler será del 10% de los ingresos y los suministros correrán a cargo de las empresas suministradoras (punto siguiente).

 

  1. Suministros básicos
  • Impedir los cortes de suministro básicos de agua, luz y gas de las personas y unidades familiares en situación de vulnerabilidad.
  • El pago de los suministros básicos para las familias en esta situación se hará de acuerdo a la capacidad adquisitiva de la unidad familiar, siempre respetando los estándares de Naciones Unidas.
  • Los costes asociados a garantizar este derecho y la deuda acumulada que no puedan ser cubiertos por las personas vulnerables serán asumidos por las empresas suministradoras.

 

  1. Creación de un observatorio de la vivienda, compuesto por representantes de las instituciones y de la sociedad civil. Será el encargado de investigar y analizar la situación de la vivienda en España. Entre sus funciones estaría hacer censos periódicos de viviendas vacías, hacer seguimiento de las políticas públicas, elaborar de informes; contaría con capacidades no sólo consultivas sino también control, seguimiento, denuncia, ejecutivas y de propuesta legislativa.

 

  1. De la presente moción se dará cuenta al Ministerio de Fomento y a la Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo de la Junta de Castilla y León.

derecho

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